La RAE define la discriminación positiva como una política o programa que proporciona acceso preferencial a la educación, al empleo, a la asistencia sanitaria o al bienestar social a personas de un grupo minoritario que tradicionalmente han sido objeto de discriminación, con el objetivo de crear una sociedad más igualitaria.
Probablemente no encontremos a nadie que manifieste estar a favor de la desigualdad. Sin embargo, a la hora de redactar y aplicar la ley de discriminación positiva surge bastante debate.
Las personas citadas en este artículo mencionan con frecuencia y como referencia a EEUU, y es que fue allí donde comenzó la idea de la discriminación positiva en los años 60, por lo que sirve para analizar lo que se hizo, cómo se hizo, así como las consecuencias y resultados.
Argumentos a favor
- Rompe los estereotipos de color y sexo
- Evita la proliferación del odio
- Favorece la diversidad de todo tipo
- Salvaguarda la igualdad en el mundo laboral
- Protege a las personas más desfavorecidas
Argumentos en contra
- Puede servir como una discriminación inversa
- Anula la meritocracia, que defiende que un puesto de trabajo sea ocupado por las personas más capacitadas según sus méritos personales
- Puede reforzar los estereotipos y el racismo
- Puede generar resultados desfavorables para empresas y escuelas
- Reduce el verdadero logro y mérito de las minorías
- Es difícil de eliminar, de hecho favorece su expansión una vez cumplido se hayan eliminado los problemas de discriminación
En el periódico feminista «Mujeres en red» encontramos un interesante artículo de Gemma Lienas titulado «¿Discriminación positiva? No, gracias». En él se analiza extensamente el desequilibrio hombre mujer en general, pero centrándose especialmente en la Ley del Cine, ya que incluye medidas que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres.
La autora concluye que, aparte del cine, «podríamos examinar otros sectores profesionales y siempre constataríamos que los varones llevan siglos aplicándose la discriminación positiva, así que, al margen de su capacidad o medianía profesional, se han reservado los puestos más relevantes, han obtenido la mayoría de premios y, lo que es peor, han determinado los criterios por los que un producto cultural es excelente o no lo es. Por todo ello, estoy en contra de la discriminación positiva«. «Otra cosa es que, para resolver estas desigualdades seculares y reequilibrar la balanza, sean precisas acciones positivas».
Es decir, admite acciones correctoras para equilibrar la balanza «que pretenden que una mujer, capacitada y competente, pueda alcanzar el mismo nivel que un varón», pero está en contra de la discriminación positiva como pauta general.
Ricardo Morenos es Doctor en Filosofía y profesor de Matemáticas. En una de sus conferencias hablaba de la aplicación en EEUU de la discriminación positiva en al ámbito de la enseñanza. Comentó que «no puedes evaluar diferente a alumnos de raza blanca o negra porque luego los títulos conseguidos tenían menos valor», ya que se sabía que habían tenido más facilidades. «Nadie en la vida privada hace discriminación positiva. Es una hipocresía llevarla a la vida pública». ACEPRENSA, en relación a este asunto comenta que «ha aumentado mucho el número de universitarios negros; pero más por haber abierto la mano que por haber logrado una auténtica promoción. Así, en los últimos diez años, la Universidad de Berkeley ha admitido, de media, un alumno negro por cada cuatro blancos, aunque había nueve aspirantes blancos por cada uno negro. Pero el trato de preferencia a la entrada se torna en una «selección natural» de signo inverso a la salida: el 71,5% de los alumnos blancos terminan los estudios, frente a sólo el 37,5% de los negros. Otro ejemplo es el de la Universidad estatal de Georgia, donde los candidatos no blancos pueden ingresar con inferior nota: el 66% de los negros abandonan la carrera». Esto confirma que el problema no se soluciona con prebendas sino atajándolo de raíz con reformas estructurales.
En un artículo de ACEPRENSA leemos que cuando ciertos grupos han sido discriminados en el pasado, cabe pensar que no basta con admitir a todos a las carreras si algunos parten con desventaja. Surge entonces la idea de dar un trato de preferencia a los desfavorecidos para que ocupen una proporción razonable de cargos públicos, plazas universitarias o empleos. Así se ha hecho, a gran escala, en países como la India o Estados Unidos. Pero ahora las políticas norteamericanas de este tipo son cada vez más discutidas.
Entre los argumentos en contra citados al principio, uno de ellos es el descrédito que puede acarrear a esos beneficios. El artículo continúa diciendo que si favorecemos el acceso a un puesto sin mejorar en sí misma la capacitación del individuo, surge la duda de si la persona está allí por méritos propios o gracias de la política oficial. Esta sospecha genera resentimiento en los competidores y puede acabar reforzando los mismos prejuicios contra la población tradicionalmente discriminada que justificaban la acción positiva.
Otro efecto secundario es que, aunque pretende afectar a grupos limitados de desfavorecidos, termina por expandirse, ya que otros grupos también solicitan esas prebendas por entender que ellos también sufren marginación. En EEUU se ha producido un cambio en la opinión pública. De hecho algunos grupos trabajan en someter a referéndum propuestas para acabar con la discriminación positiva ya que, dicen, el Estado no puede utilizar la raza, el sexo, o la nacionalidad de origen como criterio para dar un trato especial, favorable o desfavorable, a ningún individuo.
Le Monde en Español, y continuando con EEUU, recoge en un artículo que se están realizando campañas para eliminar el proceso de de selección en las universidades. Manifiestan que las clasificaciones y preferencias raciales son injustas, y declaran sentirse discriminados pese a su alto rendimiento escolar. Afirman que, a iguales calificaciones, las facultades dan preferencia a estudiantes afroamericanos y latinos para garantizar la diversidad étnica.
Juan A. Herrero, es doctor en Ética Social por la Universidad del Sur de California y profesor de Humanidades en la Universidad S. Pablo-CEU de Madrid, y en un una magistral artículo sobre artículo sobre «La edad como lacra laboral» en el que habla de la marginación positiva.
El Dr. Herrero nos recuerda que fue en Estados Unidos donde surgió en los años 60 la idea de la discriminación positiva, ahora ya prohibida en muchos estados, con objeto de restituir, es decir, devolver a ciertos sectores de la sociedad -muy en particular a las personas de origen afroamericano- lo que les había sido injustamente denegado, robado, en épocas anteriores: su derecho a la igualdad.
Opina que muchas de las medidas destinadas a los jóvenes son injustas y van en contra de la igualdad de los ciudadanos, porque los beneficios que se aplica a un sector de la población no son gratuitos. El privilegio de unos tiene siempre como contrapartida un coste para los otros, que no son los ricos.
Hay derechos que son inalienables y no se les pueden quitar a unas personas para dárselos a otras en forma de privilegios. Y el derecho a la igualdad es el más fundamental de todos ellos. En EEUU, y con objeto de prevenir la discriminación por edad y apariencia física, está prohibido pedir foto y fecha de nacimiento en los currículums , mientras que en España se pueden exigir candidatos de entre «25 a 32 años», «con buena presencia», etc. Desde la entrada en vigor de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) esto debería haber cambiado, pero en la práctica no es así ya que este tipo de anuncios se siguen publicando masivamente, incluso Universidades Públicas aconsejan en sus webs incluir la foto y todo tipo de datos personales en los CV.
Continúa diciendo que el paro juvenil no se arregla con privilegios de acceso al mercado laboral. El paro juvenil se arregla con medidas estructurales, no de discriminación. Hace falta fomentar puestos de trabajo con sueldos dignos para personas en proceso de formación. Pero entiéndase bien que no por edad, sino para cualquier persona que esté iniciando una andadura profesional, incluso si es a los 50 años de edad.
Es precisamente la discriminación por edad lo que mantiene el mercado laboral español en un permanente estado de esclerosis. Cualquier persona, especialmente si es una mujer, sabe que dejar un puesto de trabajo a los 30 o 35 años, y no digamos después, es condenarse a un paro indefinido, y quién sabe si perpetuo. Ello hace que multitud de personas se aferren a un trabajo que detestan con la única expectativa de que su jubilación sea lo más temprano posible. Ese temor a quedarse sin trabajo indefinidamente les impide tomar la decisión de iniciar una nueva labor profesional que responda a su auténtica vocación, quizás tardíamente descubierta.
Eso produce profesionales desganados, asqueados, que sólo piensan en el momento de jubilarse, al tiempo que la obligatoriedad de la jubilación por edad priva a quienes querrían seguir trabajando de la posibilidad de hacerlo. Con la jubilación obligatoria eliminada, aproximadamente un 20% de la fuerza laboral continúa en su puesto de trabajo una media de cinco años más allá de la jubilación voluntaria, lo que compensa lo suficiente como para que no sea necesario prolongar la edad laboral hasta los 67 años.
CONCLUSIONES
Si Doctores en Filosofía, en Ética Social y Humanidades, feministas, articulistas de prestigio de todo signo, etc., no aprueban las leyes de marginación positiva, y en los países con décadas de implantación está surgiendo un rechazo no deseado en la sociedad, tal vez deberíamos pensar en otro tipo de solución al problema. Y esa solución no es otra que abordar reformas estructurales, aunque tarden más en dar resultados estadísticos apreciables. Otra cosa es que los poderes políticos den prioridad a la inmediatez de esas estadísticas para que les posicionen mejor en las próximas elecciones. Las medidas de marginación positiva han de publicarse simultáneamente a las medidas estructurales, a la vez, y ambas de igual envergadura. Así, con el tiempo, las de marginación positiva tenderán a desaparecer por innecesarias.
Se trata de corregir desigualdades en origen, no de establecer porcentajes o cupos de cara al resultado final. Todos han de tener las mismas posibilidades de llegar a la línea de salida, y que ganen los mejores, pero sin ningún tipo de privilegio ni cupo de plazas. La igualdad ha de estar en la línea de salida, no en la de llegada. Es manifiestamente injusto, por muy buenas que sean las intenciones, que una persona a la que le corresponde una plaza por sus propios méritos y esfuerzos, vea como se la adjudican a otro con menos méritos solo porque tiene un privilegio asignado.
Un argumento frecuente es que, «mientras se estudian las medidas estructurales algo habrá que hacer». El problema de actuar en base a este pensamiento, como bien saben los países que nos llevan delantera en leyes de marginación positiva, es que estas leyes no solo se terminan quedando para siempre sino que se expanden, como ya se ha explicado, hasta crear malestar en la propia sociedad.
El diario El País, en su edición del 24 de enero de 2022, publica el titular » La discriminación positiva en las universidades llega al Supremo de Estados Unidos», «El alto tribunal amenaza la permanencia de la llamada acción afirmativa. Sea cual sea el dictamen del Supremo, lo que queda de manifiesto es el descontento de la sociedad.
Nadie niega la necesidad de reparar las injusticias, lo que se debate es el método utilizado en dicha reparación, y la ley de discriminación positiva presenta sombras importantes.
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