Ley D’Hondt: un hombre, cuatro votos
En España se repite a menudo que tenemos una democracia representativa. Sin embargo, al analizar cómo se traduce el voto en escaños, aparecen desequilibrios: el voto de un madrileño puede valer hasta cuatro veces menos que el de, por ejemplo, un soriano. Esta diferencia no es casual, sino el resultado de una fórmula electoral —la ley D’Hondt— que tiende a beneficiar a los grandes partidos y a las provincias menos pobladas.
¿Por qué un voto vale más o menos según donde vivas?
En las provincias pequeñas hay muy pocos diputados que repartir, y eso hace que cada uno “cueste” menos votos. En las grandes hay más diputados, pero también muchísimos más votos, así que cada escaño sale mucho más caro. Por eso, el voto de quien vive en una provincia pequeña acaba valiendo más. Imagina dos ciudades:
. Provincia pequeña de 90.000 habitantes y 2 diputados: cada diputado “cuesta” 45.000 votos.
. Provincia grande de 6.700.000 habitantes y 36 diputados: cada diputado “cuesta” 186.000 votos.
Con estos números, un voto de la ciudad pequeña valdría aproximadamente 4,1 veces más que uno en la grande, que es coherente con la idea de que los votos en provincias pequeñas tienen mucho más peso.
¿Por qué beneficia a los partidos grandes?
Sin tecnicismos: si una provincia reparte solo 3 escaños, cualquier partido necesita alrededor del 30 % de los votos para lograr uno, por lo que un partido pequeño tiende a quedar fuera frente a uno grande. En cambio, en una provincia grande con 30 escaños bastaría con algo más del 3 %, pero el número de votos necesarios es mucho mayor, así que los partidos pequeños vuelven a quedarse fuera, ahora no por el porcentaje, sino por el volumen real de votos que necesitan reunir.
Esa es la razón por la que los partidos grandes y las provincias pequeñas siempre terminan sobrevalorados.
De dónde viene el invento
El método lo creó en 1878 un jurista belga, Victor D’Hondt. Su objetivo era corregir la fragmentación y aportar «estabilidad», es decir, favorecer a los partidos más grandes frente a los pequeños. Tras la dictadura, España adoptó este sistema en 1977 porque resultaba conveniente para la UCD y para los partidos que le seguirían. Giovanni Sartori, en Ingeniería constitucional comparada, ya lo describía como un “seguro contra la diversidad política”, y su observación sigue siendo pertinente.
La injusticia evidente
Hoy, unos pocos miles de votos en provincias despobladas colocan diputados, mientras cientos de miles en Madrid o Barcelona se esfuman. Maurice Duverger lo advirtió en “Los partidos políticos”, indicando que un sistema proporcional mal diseñado acaba siendo una deformación y no una mejora de la democracia. Aquí se ha convertido en una herramienta que permite a los partidos usar los escaños rurales asegurados para negociar y mantener privilegios políticos, ya que con cuatro diputados rurales bien amarrados pueden decidir el rumbo del Estado.
¿Había otras opciones?
Sí. Existen métodos que evitan que la aritmética electoral genere desequilibrios entre provincias o entre votantes, preservando mejor la igualdad del voto. Por ejemplo, el método de asignación Sainte-Laguë, desarrollado por el matemático noruego André Sainte-Laguë, y el sistema Hare de cuota simple, ideado por el abogado británico Thomas Hare, reparten los escaños de manera más proporcional. Los sistemas mixtos, como el alemán, combinan circunscripciones locales con escaños compensatorios para que el reparto final refleje fielmente la proporción de votos. Los países nórdicos aplican algo similar con los llamados leveling seats. Ninguno de estos modelos convierte la aritmética en un muro que distorsione la igualdad del voto.
Otros países buscan la estabilidad de manera distinta. En Grecia, por ejemplo, el partido que obtiene más votos recibe un bono de 50 escaños, lo que facilita formar gobierno sin depender de pequeños partidos que, con unos pocos diputados, pueden condicionar decisiones importantes. Esto evita que un puñado de votos termine decidiendo de manera desproporcionada gran parte del destino del país.
La trampa de la “protección rural”
El discurso oficialista repite que sin este sistema las zonas despobladas quedarían sin voz. Falso. En realidad, lo que tienen ahora no es simplemente voz, es altavoz. Disponen de un peso excesivo, ya que un voto rural vale significativamente más que uno urbano, y eso se traduce en una influencia política desproporcionada. ¿Hay que proteger a la España despoblada? Sí, pero no mediante una regla matemática que distorsiona la igualdad del voto.
Alternativas serias para corregir la desigualdad
Si algo demuestra la ley D’Hondt es que la democracia no puede depender de fórmulas heredadas ni de la buena voluntad de los partidos políticos. Para corregir sus desequilibrios hacen falta reglas claras, simples y justas; que todos los votos cuenten lo mismo, que el reparto de escaños sea realmente proporcional, y que el Estado compense las desigualdades territoriales con inversión y servicios, no con ventajas electorales.
También sería imprescindible establecer límites legales a las distorsiones del voto, revisar periódicamente el sistema de forma independiente y blindar la transparencia para que ningún partido pueda manipular las reglas a su favor. Solo así una democracia deja de ser un juego de trucos y se convierte en un contrato serio entre iguales.
Democracia sin maquillaje
La democracia se mide en la igualdad de cada voto. Arend Lijphart lo dejó claro en Patterns of Democracy: “la calidad de una democracia se mide por el grado en que respeta la igualdad de los votantes”. España, con esta ley, suspende con estrépito.
Las fórmulas que se proponen no eliminan la representación territorial, es decir, los pueblos y provincias seguirán teniendo diputados propios, pero acaban con la trampa que hace que los votos en provincias poco pobladas valgan mucho más que los de las más grandes. Y además tendrán lo que de verdad necesitan: servicios, infraestructuras y políticas de cohesión, no un cheque en blanco para partidos que usan la despoblación como rehén.
Es hora de dejar de jugar con matemáticas amañadas y tomarse en serio la democracia. Un ciudadano, un voto. Igual para todos. Lo demás es un fraude, por muy legal que sea.